El sistema de salud argentino atraviesa uno de los períodos de mayor tensión de los últimos años. Mientras la inflación acumulada, el aumento del costo de medicamentos y la creciente demanda sobre hospitales públicos presionan a provincias y municipios, organizaciones sanitarias y especialistas advierten que la política de ajuste implementada por el gobierno de Javier Milei redujo la capacidad del Estado para sostener programas preventivos, especialmente en materia de enfermedades de transmisión sexual (ITS), VIH y tuberculosis.
Aunque el Gobierno nacional sostiene que su objetivo es ordenar las cuentas públicas y eliminar gastos ineficientes, distintas organizaciones médicas y de derechos sanitarios señalan que la reducción del gasto terminó afectando programas considerados estratégicos para la prevención.
El presupuesto perdió capacidad real. Diversos análisis sobre el presupuesto nacional coinciden en que, medido en términos reales (descontando la inflación), el Ministerio de Salud dispone de menos recursos que en 2023.
Según informes técnicos publicados durante el tratamiento del Presupuesto 2026, el presupuesto sanitario nacional es aproximadamente un 30 % inferior en términos reales respecto de 2023. Esto implica que, aunque las partidas aumentaron en valores nominales, el incremento no alcanzó para compensar la inflación acumulada.
Las campañas de prevención también se redujeron. Uno de los puntos más cuestionados por organizaciones sanitarias fue la disminución de campañas masivas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Históricamente el Estado nacional distribuía millones de preservativos gratuitos, realizaba campañas audiovisuales permanentes, capacitaciones, test rápidos en territorio y acciones comunitarias en escuelas, universidades y centros de salud.
Durante los últimos dos años, organizaciones como Fundación Huésped y Fundación GEP denunciaron una importante reducción en:
* compra y distribución de preservativos;
* adquisición de test rápidos para VIH y sífilis;
* campañas nacionales de prevención;
* estrategias de profilaxis preexposición (PrEP);
* profilaxis posexposición (PEP);
* programas de detección temprana.
Estas entidades sostienen que el enfoque presupuestario priorizó garantizar tratamientos ya iniciados por sobre la expansión de las políticas preventivas.
Los especialistas recuerdan que cada peso invertido en prevención evita costos mucho mayores en tratamientos futuros, internaciones y complicaciones.
La prevención cuesta menos que la enfermedad
La evidencia internacional muestra que las campañas de educación sexual, el acceso gratuito a preservativos, los testeos periódicos y el diagnóstico temprano reducen significativamente la transmisión del VIH y otras ITS.
Por ese motivo, organismos internacionales consideran la prevención una de las inversiones sanitarias con mejor relación costo-beneficio.
Cuando disminuyen esas campañas suelen producirse:
* menor cantidad de testeos;
* diagnósticos más tardíos;
* mayor circulación silenciosa de infecciones;
* incremento del costo sanitario a mediano plazo.
La situación en Salta
Salta enfrenta desafíos históricos en materia sanitaria debido a la extensión territorial, las grandes distancias entre localidades y las dificultades de acceso en zonas rurales y comunidades originarias.
En los hospitales públicos provinciales también se registran reclamos vinculados a:
* demoras para turnos con especialistas;
* falta intermitente de algunos insumos;
* presión sobre las guardias;
* dificultades para cubrir cargos profesionales en el interior.
En materia de prevención de ITS, distintos equipos de salud y organizaciones sociales han señalado una menor disponibilidad de campañas nacionales y menor presencia de operativos territoriales respecto de años anteriores, trasladando parte del esfuerzo preventivo a las provincias y municipios.
Al mismo tiempo, Salta implementó en 2024 el cobro de la atención sanitaria a extranjeros no residentes. Según datos difundidos por el Gobierno provincial, la medida redujo significativamente la atención de pacientes extranjeros y permitió disminuir parte del gasto hospitalario destinado a ese grupo. Sin embargo, esa decisión no modificó los desafíos estructurales vinculados al financiamiento del sistema sanitario provincial.
Un debate que continúa
El Gobierno nacional sostiene que el ajuste busca eliminar gastos improductivos y hacer sostenible el sistema de salud.
En cambio, organizaciones científicas, asociaciones médicas y fundaciones especializadas advierten que la reducción de recursos destinados a prevención puede traducirse, en pocos años, en un aumento de diagnósticos tardíos, mayor circulación de enfermedades transmisibles y un incremento del gasto sanitario.
La discusión de fondo sigue abierta: hasta qué punto un ahorro presupuestario de corto plazo puede generar costos mucho más elevados para el sistema de salud y para la población en el mediano y largo plazo.
