3 años desde el inicio de la ofensiva israelí, Gaza sigue atrapada sin tregua de paz.
Destrucción total en Gaza
A tres años del inicio de la ofensiva israelí, la Franja acumula más de 74.600 palestinos muertos y una destrucción que compromete su futuro. Israel conserva el control de amplias zonas del territorio, mientras Estados Unidos mantiene su respaldo militar, financiero y diplomático. La paz anunciada todavía no se traduce en una solución para la población palestina.
La Franja continúa atravesando una de las mayores catástrofes humanitarias de las últimas décadas. El alto el fuego acordado en octubre de 2025 redujo la intensidad de las operaciones militares, pero no consiguió poner fin a las muertes, la destrucción ni al control territorial israelí. La guerra cambió de modalidad, aunque sus consecuencias siguen presentes en la vida cotidiana de millones de palestinos.
El último balance difundido por la agencia palestina WAFA, sobre datos del Ministerio de Salud de Gaza, contabiliza 74.643 personas asesinadas y 175.962 heridas desde el 7 de octubre de 2023. El mismo registro señala que, desde la entrada en vigor de la tregua, se produjeron otras 1.613 muertes y 5.833 heridos. Son cifras oficiales palestinas, que Naciones Unidas reproduce atribuyéndolas a su fuente y advierte que todavía existen víctimas sin identificar y personas desaparecidas bajo los escombros.
El ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos y cientos de personas secuestradas, desencadenó la respuesta militar israelí. Pero la magnitud de esa respuesta, sus métodos y sus consecuencias sobre la población civil abrieron una crisis internacional que excede ampliamente el enfrentamiento entre dos fuerzas armadas.
Una población desplazada y un territorio bajo control militar
La destrucción de Gaza no puede medirse únicamente por el número de víctimas. Hospitales, escuelas, viviendas, caminos, redes eléctricas y sistemas de abastecimiento quedaron gravemente dañados o destruidos. La población fue desplazada reiteradamente y perdió buena parte de las condiciones materiales necesarias para sostener una vida cotidiana.
El control territorial constituye otro de los aspectos centrales del conflicto. Según una investigación publicada por Reuters en octubre de 2026, Israel controla aproximadamente dos tercios de la Franja. Cerca de dos millones de palestinos permanecen concentrados en un espacio cada vez más limitado, mientras el regreso a sus hogares continúa condicionado por la presencia militar y las restricciones de circulación.
La situación plantea una pregunta fundamental: ¿qué significa reconstruir Gaza si sus habitantes no tienen garantizado el derecho a regresar a sus tierras y recuperar sus viviendas?
La discusión territorial no es secundaria. Determina quién puede circular, dónde puede vivir la población, quién administra los recursos y qué posibilidades existen de construir una estructura política palestina autónoma.
Naciones Unidas y la calificación de genocidio
El debate jurídico internacional alcanzó un punto de enorme gravedad. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2025 que Israel había cometido genocidio en Gaza. En un nuevo informe publicado el 26 de octubre de 2026, la Comisión sostuvo que las autoridades y fuerzas israelíes continúan cometiendo actos constitutivos de genocidio, además de documentar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Esta conclusión institucional debe distinguirse del proceso judicial que Sudáfrica inició contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, que todavía debe resolver el fondo de la controversia. La Corte dictó medidas provisionales obligatorias destinadas a prevenir actos comprendidos en la Convención sobre el Genocidio y proteger a la población palestina.
La diferencia entre una investigación internacional y una sentencia judicial definitiva no reduce la gravedad de las denuncias. Por el contrario, obliga a observar con mayor atención las responsabilidades políticas, militares y jurídicas involucradas.
Estados Unidos: el respaldo que sostiene la capacidad militar israelí
La continuidad de la ofensiva israelí tampoco puede comprenderse sin analizar el papel de Estados Unidos.
Washington es el principal aliado estratégico de Israel y uno de sus proveedores fundamentales de armamento y asistencia militar. La relación está respaldada por un memorando de entendimiento para el período 2019-2028 que contempla 3.300 millones de dólares anuales en financiamiento militar y otros 500 millones destinados a programas conjuntos de defensa antimisiles, sujetos a las correspondientes asignaciones presupuestarias.
El respaldo también incluye cooperación tecnológica, provisión de aeronaves, municiones y sistemas de defensa. A esto se suman las ventas de armamento notificadas por la administración estadounidense al Congreso durante 2025 y 2026.
No se trata, por lo tanto, de una relación diplomática distante. Estados Unidos contribuye materialmente a sostener la superioridad militar israelí y mantiene una influencia decisiva sobre las condiciones políticas y diplomáticas del conflicto.
La administración de Donald Trump ha intentado presentarse como promotora de una salida negociada. Sin embargo, esa iniciativa convive con la continuidad del respaldo estratégico y militar a Israel.
Esta contradicción merece una discusión política de fondo: ¿puede una potencia presentarse como garante de la paz mientras continúa proporcionando los recursos militares a una de las partes involucradas en una ofensiva cuestionada por los principales organismos internacionales? NO.
La responsabilidad directa por las operaciones militares corresponde al Estado y a las autoridades que las ordenan y ejecutan. La eventual responsabilidad jurídica de terceros Estados por asistencia o complicidad requiere un análisis legal específico. Pero la responsabilidad política de Washington como proveedor de armamento y sostén diplomático es ineludible.
Una tregua sin fecha de finalización
El acuerdo de octubre de 2025, respaldado posteriormente por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estableció un esquema de transición política y de seguridad para Gaza.
El plan contempla el desarme de Hamás y de otras organizaciones armadas, una retirada progresiva de las fuerzas israelíes, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y la conformación de una administración palestina transitoria.
Sin embargo, los principales objetivos continúan sin cumplirse plenamente. Las operaciones militares israelíes no desaparecieron, las negociaciones sobre el desarme y la retirada permanecen trabadas y la reconstrucción avanza muy por debajo de las necesidades existentes.
Por ahora no existe una fecha cierta para la retirada completa de Israel ni una garantía de que la tregua se transforme en un acuerdo de paz duradero.
La incertidumbre también alcanza al futuro político palestino. La posibilidad de establecer una administración transitoria no resuelve por sí misma la cuestión de la soberanía ni garantiza la creación de un Estado palestino independiente.
La paz no puede construirse sobre la pérdida de derechos
Gaza representa hoy una de las mayores pruebas para el sistema internacional de derechos humanos. La devastación, el desplazamiento forzado, las restricciones humanitarias y el control territorial obligan a discutir no solamente cómo detener la violencia, sino también cómo reparar sus consecuencias y garantizar que no se repitan.
La reconstrucción no puede reducirse a levantar edificios. Implica restituir derechos, recuperar tierras, garantizar el acceso a los servicios esenciales y permitir que la población palestina participe de manera efectiva en las decisiones sobre su propio futuro.
Tampoco puede existir una solución duradera si la cuestión palestina queda subordinada a los intereses militares y estratégicos de las potencias.
La guerra iniciada en octubre de 2023 dejó una marca que difícilmente pueda revertirse en el corto plazo. El alto el fuego modificó el escenario militar, pero no resolvió el conflicto político ni la situación de millones de personas que continúan viviendo bajo condiciones de extrema vulnerabilidad.
La pregunta que permanece abierta es si la comunidad internacional está dispuesta a exigir el cumplimiento del derecho internacional incluso cuando eso implique confrontar los intereses de sus principales aliados.
Porque una tregua no es necesariamente una paz. Y la reconstrucción de un territorio no puede considerarse una solución si su población continúa sin garantías sobre su tierra, su libertad y su futuro.
